12/05/2021 - 15:13

Desde el llacuna fc para colombia !!!

DESDE EL LLACUNA FC a todas las fuerzas y comunidades violentadas en COLOMBIA.
Comunicado a la opinión pública
10 Mayo del 2021
¡Duque pare la masacre!
Acallar la voz de los pueblos no es el camino
Un país que sale a protestar en medio de una pandemia es un país desesperado. En
Colombia hay amenazas más grandes que la COVID-19: el hambre, el desempleo y la
violencia. Y fueron esas amenazas las que llevaron a miles de colombianos a tomar las
calles en manifestaciones donde se han mezclado gremios de taxistas y camioneros,
indígenas, afrodescendientes, profesionales de la salud y estudiantes, profesores… La
represión no se ha hecho esperar.
El último ataque a los y las manifestantes fue ayer domingo, 9 de mayo, a las 2:00 p.m.,
en Jamundí y Ciudad Jardín, en Cali. Una turba de civiles en camionetas de alta gama
con placas tapadas, atacó a la minga indigena, quienes desde la autoorganización han
estado protegiendo la protesta social sin el uso de armas, desenmascarando policías
infiltrados, e impulsando la autonomía en los puntos de resistencia y los barrios. La
policía, observaba indiferente y protegiendo a quienes perpetraron el ataque.
18 camionetas blindadas llegaron al punto donde los manifestantes realizaban el cordón
humanitario de Occidente para proveer comida y víveres a la ciudad. Arrinconaron a las a
la guardia indígena y las personas que apoyaban el paro en la carretera. «No queremos
indígenas porque son problemáticos y peleones y tienen a la gente secuestrada y sin
comida mientras ustedes si pueden movilizarse libremente», les gritaban. 9 guardias
indígenas del Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) resultaron heridas, cuatro de
gravedad… ¡Hoy queremos prender una vela por cada una de ellas! Por: Segundo Pequi,
Alexander Yule Ramos, Marlen Martínez, Yerson Talaga,Eucardo Ui, Daniela Soto, Sandra
Camayo, Yeison Tenorio, Juan René Castrillón.
Uribe, Duque, el alcalde de Cali, quieren que creamos que se trata de civiles atacando a
civiles, que se trata de una pelea. Sin embargo, son los mismos poderosos, alimentando
el odio contra quienes reclaman derechos básicos y justicia social sin armas. «¿Por qué
nos estamos matando?». Se pregunta la gente ¿Cómo llegamos a una tragedia de estas
proporciones?
El 28 de abril de 2021 Colombia, un pueblo hambriento, desangrado por sus gobernantes,
mutilado por la guerra, levantó su voz para decir ¡Basta! El punto de quiebre fue la
Reforma Tributaria presentada por el Presidente Iván Duque y su Gabinete, nombrada
como: Ley de Solidaridad por sus creadores. Una propuesta para resanar el hueco fiscal
de 10 billones de pesos generado por las exenciones a los más ricos en las Reformas
Tributarias de 2018 y 2019. Pero las razones más son muchas y vienen de atrás: la
perpetuación de la política de guerra de Álvaro Uribe Vélez, que no permite construir un
país donde la vida sea valorada y la tierra respetada, donde las madres no tengan que
parir hijos para la guerra —sin importar el bando en que luchen—, donde ser líder social
no constituya un riesgo ni opinar diferente y luchar por los derechos sea criminalizado y
sentenciado a muerte; donde los abusos sexuales a niñas y adolescentes y otros
crímenes del ejército militar y el cuerpo policial, sean juzgados realmente; donde las
masacres a jóvenes empobrecidos y de zonas vulneradas sean investigadas y sus vidas
dignificadas. Donde la normalización de la muerte no sea política de estado y los 1.176
asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH desde la firma del Acuerdo de Paz
no queden en la impunidad.
12 días después de este «grito colombiano», la normalización de la muerte ha invadido
las calles de las grandes ciudades, como hasta hace poco lo había hecho con los hogares
de indígenas, campesinos y líderes sociales en los pueblos y comarcas. Duque retiró la
reforma tributaria el 5 de mayo, pero la herida de la represión, con los 39 asesinatos por
violencia policial, 12 víctimas de violencia sexual y mas de 500 personas desaparecidas,
dos de ellas que se encontraron muertas el 7 de Mayo —según datos de la ONG
Temblores hasta el 9 de mayo—, ya está abierta. Reabierta. La traspolación a las
ciudades de una guerra que subyace en silencio hace décadas en la Colombia invisible es
lo que ahora nos asusta. Y por eso los medios han estigmatizado el derecho a la protesta
social de los diferentes sectores populares, y en especial del movimiento indígena,
señalandolos como vándalos y terroristas. Las declaraciones del alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina y del presidente Ivan Duque enviándoles a sus tierras no son menos peligrosas.
Incitan a la violencia contra quienes se mantienen en la petición del cumplimiento de sus
derechos.
Por eso, después del grito colombiano que dijo ¡Basta!, apoyado inicialmente por el 70%
de la ciudadanía y que a pesar de la coyuntura de pandemia y del aumento de casos en la
tercera ola, contó con un 30% de asistencia porque: «¡el pueblo no se rinde carajo!», el
apoyo popular ha ido menguando: la represión militar, la criminalización de la marcha, la
censura mediática, el bloqueo de alimentos, víveres y gasolina, se constituyen como
estrategias estatales para asustar a la gente, para cansar a los manifestantes, para
deshacer la protesta, para invisibilizar las causas reales del paro:
1. Tumbar la Reforma Tributaria e impedir que el estado haga pagar a las clases
populares y medias los costes de la pandemia.
2. Retirar el proyecto de ley 010 de salud y fortalecer el sistema de vacunación.
3. Garantizar condiciones laborales del cuerpo de salud en los hospitales.
4. Posibilitar la renta básica para los estratos más empobrecidos.
5. Garantizar el derecho a la protesta y frenar la represión policial
6. Frenar la persecución, judicialización y asesinato a líderes y lideresas sociales.
7. Brindar garantías a la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal,
campesina), generar subsidios a las MiPymes y crear una política que defienda la
soberanía y seguridad alimentaria.
8. Frenar las aspersiones aéreas con glifosato.
9. Participación ciudadana y democracia real
10.Cumplimiento de los acuerdos de paz
Jóvenes sin futuro tiran piedra y resisten en la primera línea expresando su rabia ante la
falta de respuesta, la policía reacciona con balas; la minga indígena soportando la
autoorganización ciudadana y apoyando la primera línea para mantener el orden, civiles
herederos del uribismo y de sus políticas excluyentes descontentos se arman y los atacan
—exacerbando el racismo estructural heredado de la colonización española, que nos aleja
de la posibilidad de resolver nuestros conflictos como país—; las BACRIM y Grupos
paramilitares se aprovechan, las armas del mercado negro escasean. Las últimas noches
en Colombia el miedo, la zozobra, la desesperanza, se mezclan con la rabia y el dolor de
sabernos huérfanos y huérfanas de un gobierno que ha preferido implementar una
cobarde estrategia de odio que no le permite ordenar el país y detener este estallido de
violencia y represión. Un gobierno que sigue engordando el gasto militar y policial en lugar
de invertir en salud y servicios básicos. En lugar de sentarse a hablar con el pueblo y dar
respuestas para detener la masacre.
Por estas razones rechazamos las acciones de violencia contra la minga indígena, los y
las manifestantes de primera línea, rechazamos la abulia presidencial que consume al
país en el caos...
¡Duque, pare la masacre!
El uribismo y el neoliberalismo no mueren sin matar, pero cuanto más matan más mueren.
¡La vida está de nuestro lado y lucharemos por ella!