NO A LA MINA LA COLOSA COLOMBIA POR LA CONSULTA POPULAR! 130.000 VOTOS SE NECESITAN SUMATE!

Solicitada por una Consulta Popular contra la minería con prácticas contaminantes organizaciones indígenas, campesinas, juveniles, grupos sociales y ambientales del Suroeste de Antioquia. 
Nos permitimos, de manera respetuosa, solicitar al Tribunal Administrativo del Tolima dar viabilidad legal a la propuesta, por las siguientes razones:
El territorio Tolimense, y específicamente el municipio de Ibagué, ha sido objeto de varios títulos mineros, y actualmente tiene un alto número de solicitudes mineras para la explotación de diversos tipos de materiales. Por lo tanto, la calidad ambiental y paisajística, algunos bienes comunes como el agua, el suelo, la biodiversidad el aire, y en general los espacios de vida de las comunidades, se encuentran en peligro de sufrir alteraciones e impactos negativos irreversibles. Es así como la Consulta Popular se constituye como una herramienta idónea para garantizar el derecho constitucional de las comunidades a decidir sobre las actividades desarrolladas en sus territorios y por el derecho a un medio ambiente sano.
La Consulta Popular no solo es pertinente para la situación que se presenta en el municipio sino que además su realización la dicta la ley 136 de 1994 en su artículo 33, donde dispone que “Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley”. Y la importancia de su realización se reafirma en la Sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional que declara que “(…) sin desconocer que es el legislador quien determina las autoridades competentes para establecer zonas excluidas de la actividad minera, dichos procesos pueden incluir la participación de la población afectada, para así concretar el principio de participación de la comunidad en las decisiones que los afecten”.
La Constitución Política Nacional de 1991, en sus artículos 8 y 19 consagra el deber de las comunidades a proteger y defender la riqueza cultural y natural de la nación, y el derecho a gozar de un ambiente sano.En el preámbulo de la Constitución Política Nacional de 1991 se declara que la soberanía es del Pueblo, por tanto es el pueblo, inclusive la participación amplia de las comunidades, quienes tienen la potestad de decidir. Y en concordancia, la ley 134 de 1994 y la ley estatutaria 1757 de 2015 reglamentan este derecho constitucional y dictan las disposiciones para garantizar una participación democrática, entre las cuales se encuentran mecanismos como la Consulta Popular.La pregunta que se propone someter a votación: “¿Está usted de acuerdo SI o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”, cumple cabalmente con los principios de gradación normativa, armonía regional y rigor subsidiario que se exigen por la ley.Las comunidades tenemos el deber, la obligación y los derechos de construir nuestros propios proyectos de vida para su dignificación; la imposición de proyectos extractivos vulneran nuestros derechos a la participación y a la toma de decisiones libres e informadas. Como lo señala la corte en su sentencia T 881/02:”i) Dignidad Humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera) (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). (iii) La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”.Es deber de los gobernantes responder a los mandatos y requerimientos de las comunidades, siempre y cuando redunden en el bienestar común y en la protección de los derechos colectivos; pues, como lo manda la Constitución Política Nacional la soberanía es del pueblo, y es su derecho DECIDIR sobre los territorios que históricamente ha habitado.

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